UGT denuncia que en Castilla-La Mancha sólo hay un trabajador por turno en pisos de menores como el de Badajoz
Desde el sindicato piden al Gobierno de Castilla-La Mancha, que es quien tiene competencias, revisar el modelo de gestión, externalizados en muchos casos, y mejorar las condiciones laborales para que, como mínimo, haya dos profesionales por turno
Detenidos tres menores por la muerte violenta de una educadora en un piso tutelado de Badajoz
La muerte violenta de una educadora social en un piso tutelado de Badajoz ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero UGT Castilla-La Mancha recuerda que ya llevan un año exigiendo mejoras en centros de menores vulnerables como donde sucedió, algo que consiguieron en parte para la provincia de Toledo, pero no para el resto de la comunidad autónoma. Aquí, denuncian desde el sindicato, hay muchos de estos servicios donde tan sólo existe un trabajador por turno, cuando, según reclaman, sería necesario, como mínimo, dos personas por turno y no un sistema de alerta, como se está diciendo.
De ello han informado, en una rueda de prensa, las responsables de la Federación de Servicios Públicos UGT Castilla-La Mancha (FeSP-UGT Regional), Rosario Madrigal Losa y Estrella Fernández Romeralo, que han comenzado su comparecencia ante los medios de comunicación lamentando la muerte de la trabajadora pacense y dando el pésame a sus familiares, allegados y compañeros. Un hecho por el que este jueves, a las 12.00 horas, han convocado un minuto de silencio a petición del Colegio de Cuidadores Sociales en todos los centros de la región y este viernes, entre las 11.30 y las 12.30 horas, habrá protestas a las puertas de las cinco delegaciones provinciales de Bienestar Social de la Junta de Comunidades y en la plaza del Pan de Talavera de la Reina.
"La precariedad laboral y el déficit de las condiciones de trabajo se convierten en riesgos para la seguridad de estos centros", ha afirmado Fernández Romeralo, quien ha explicado que están financiados con fondos públicos de la Junta de Comunidades, a la que exigen mejoras "para que esas condiciones no sean mínimas, sino óptimas, por la labor que se desarrolla". Además, ha recordado que el trabajo que en ellos se realiza "debería ser un servicio público de calidad, no un negocio, para dar a esos menores tan vulnerables, con muchas necesidades y que llegan muy dañados un apoyo", ya que en muchos casos la gestión está externalizada a fundaciones y organizaciones privadas.
Por eso, desde el sindicato exigen al Gobierno de Castilla-La Mancha revisar las condiciones de esos centros y conocer su modelo de gestión porque, según afirman, su seguridad está en "entredicho", así como los riesgos psicosociales para los profesionales que en ellos trabajan. "Urgen medidas necesarias para que este tipo de hechos no vuelvan a suceder", ha manifestado Fernández Romeralo, quien insta a las administraciones públicas a "dar un paso adelante" para que haya unas "condiciones laborales dignas y personal suficiente y bien cualificado -psicólogos, educadores y cuidadores sociales, así como vigilantes-".
Asimismo, reclaman un protocolo de seguridad a nivel nacional, "y no un reino de taifas", tal y como ha señalado Rosario Madrigal Losa, para evitar casos como el que ha sucedido en Badajoz. En este sentido, la coordinadora provincial de FeSP-UGT en Toledo ha destacado que en Castilla-La Mancha, entre 2023 y 2024, han aumentado un 36% las medidas iniciadas con menores, cuando en el ejercicio anterior fue del 14%, según datos oficiales de la propia Junta de Comunidades.
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