Brasil paraliza la extradición de un traficante buscado en España por falta de «reciprocidad»

La Corte Suprema de Brasil ha suspendido este martes un proceso de extradición solicitado por el Gobierno español y dio un plazo de cinco días al embajador de España en Brasil para prestar declaraciones sobre el principio de reciprocidad, como consecuencia de la negativa de la Justicia española a entregar a un brasileño acusado de golpismo.

En una nota, el Supremo Tribunal Federal informó que se trata de Vasil Georgiev Vasilev, un búlgaro buscado en España por tráfico de drogas. El ministro Alexandre de Moraes, relator del caso, fue el encargado de suspender el proceso de extradición y pidió que el acusado pase a estar bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica.

La decisión llega como consecuencia de una negativa de la Justicia española a extraditar al bloguero Oswaldo Eustáquio, procesado en Brasil y uno de los principales acusados en la causa de las «milicias digitales» que esparcieron mensajes antidemocráticos y pusieron en duda la fiabilidad del sistema electoral brasileño antes de las elecciones presidenciales de 2022, en las que Bolsonaro intentó en vano su reelección.

Para De Moraes, la decisión de los magistrados españoles representa una «falta de respeto a la reciprocidad» expuesta en el tratado de extradición que ambos países ratificaron en 1988 e intimó al embajador de España en Brasil a ofrecer aclaraciones del asunto.

En el caso de que el embajador no se manifieste dentro del plazo, el pedido de extradición de Vasivel «podrá ser denegado de forma definitiva».

Este martes se conoció que el Ministerio de Justicia brasileño estaba trabajando en un recurso para apelar la decisión de la Justicia española de negar la extradición de Eustáquio, alegando que las conductas del brasileño constituyen crímenes que son punibles «tanto por la legislación brasileña como por el Código Penal español, con penas de prisión superiores a un año», lo que habilita la entrega del acusado.

La extradición de Eustáquio fue solicitada por la Justicia brasileña en octubre de 2024 para investigar su participación en una organización criminal destinada a cometer delitos contra el Estado democrático de Derecho y un golpe de Estado.