La ruinosa operación de Montero que ha costado casi 280 millones de euros a la Junta de Andalucía
El Gobierno progresista 'privatizó' el patrimonio de la Junta de Andalucía para compensar la caída de ingresos por la crisis. A cambio, disparaba los gastos en alquileres hasta el año 2034
Esto será lo que se ahorrará la Junta de Andalucía al recomprar los 70 edificios que el PSOE vendió en 2014
La Junta de Andalucía recompra por 328 millones las 70 sedes alquiladas que el PSOE vendió a un fondo de inversión
De un día para otro, la Junta de Andalucía pasó de ser propietaria de 70 edificios de oficinas a tener a un casero llamado William Polk Carey Inc. El negocio fue redondo para este fondo de inversión estadounidense, que se convirtió en multipropietario de ... sedes administrativas de consejerías y agencias públicas situadas en zonas muy cotizadas de las capitales andaluzas a un coste no muy elevado.
Vista desde la otra orilla, la operación representaba una carga pesada a medio y largo plazo para la báscula financiera de la Administración autonómica, entonces gobernada por el PSOE. La Junta de Andalucía ingresaba 300 millones de euros por desprenderse de inmuebles —además de casi mil plazas de aparcamiento— pero se quedaba como inquilino. Se comprometió a pagar a WP Carey un alquiler durante veinte años que empezó por los 28,5 millones de euros y que iba encareciéndose un 1,5% anual a pesar de que algunos años la inflación fue negativa. Desde 2014 hasta ahora la Administración autonómica ha desembolsado casi 280 millones de euros en arrendar las sedes que antes eran suyas.
El nuevo propietario nunca perdía, según se desprende de las cláusulas recogidas en el acuerdo negociado por la entonces consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ahora ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general (número dos) del PSOE federal.
Aquello fue una 'privatización' del patrimonio público, aunque la propaganda oficial del Gobierno progresista, naturalmente, no lo vendió así. Aseguró que la enajenación directa de inmuebles revelaba «un uso dinámico del patrimonio de la Administración que se utiliza en etapas de crisis cuando los servicios públicos lo necesitan». Haciendo de la necesidad virtud, incluso sacó pecho por «colocar el mayor paquete de venta de inmuebles que hasta ahora han sacado al mercado las comunidades autónomas», comparándose con Cataluña, Madrid o la Comunidad Valenciana.
Una fórmula para compensar la caída de ingresos
Detrás de estos eufemismos, había una motivación puramente económica. La Junta de Andalucía necesitaba hacer caja con rapidez. La anterior crisis financiera esquilmaba los ingresos y cuadrar las cuentas públicas en sanidad, educación y políticas sociales representaba un auténtico sudoku. La Unión Europea apretaba el corsé a las administraciones del Estado para embridar su déficit.
El Gobierno de Juanma Moreno no ha esperado a que expire el contrato de alquiler en 2034 para recomprar los inmuebles por 328 millones de euros. Algunos son edificios simbólicos como la sede de Canal Sur Televisión de San Juan de Aznalfarache, cuyo alquiler cuesta 1,1 millones de euros al año. Los inmuebles más caros del lote son la sede de la Consejería de Agricultura, en la calle Tabladilla de Sevilla, por la que la Junta ha estado pagando más de 2,5 millones al año, y las dependencias actuales de la Consejería de Inclusión social, situada en la avenida de Hytasa de Sevilla (1,54 millones), el escenario elegido ayer por el presidente andaluz para anunciar el acuerdo.
Los 70 inmuebles vendidos representan el 21,47% de los edificios administrativos de la Junta y tienen una superficie construida de 259.070 metros cuadrados. La adjudicataria se congratuló de «la oportunidad de comprar una cartera de edificios de oficinas del Estado español de Andalucía» (sic). El pago de tributos como el IBI y el mantenimiento estructural de los edificios correspondía al dueño.
Pérdidas patrimoniales
En el año 2016, la Cámara de Cuentas de Andalucía fiscalizó la operación. Avaló la legalidad de la misma aunque admitió que desde el punto de vista económico arrojaba pérdidas para la Administración autonómica. Los números rojos no fueron mayores porque uno de los edificios enajenados estaba mal tasado. «Se enajenan recursos inmovilizados valorados contablemente y en el inventario por importe de 412.423.097 euros, que se convierten en tesorería por una cantidad de 300.000.000 euros», señalaba. «Debe tenerse en cuenta el error de valoración de 81.437.000 euros detectado en un inmueble, que disminuiría el valor contable y arrojaría una pérdida patrimonial neta de 30.986.097 euros», añadía la Cámara.
Según explicó el Gobierno de Susana Díaz (PSOE), la venta permitía obtener liquidez a corto plazo y evitar más recortes en las políticas sociales. Era pan para hoy e incertidumbre para el mañana. Antes de 2034, cuando expiraba el contrato de arrendamiento con Inversiones Holmes, la filial del fondo, habría que pensar en renovarlo o mudarse a otros inmuebles. Pero, ¿quién iba acordarse de este ruinoso acuerdo veinte años después?
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