Cae en Málaga una red con empresas pantalla que ha defraudado más de 12 millones de euros a Hacienda

El entramado societario desarticulado eludía el impuesto de IVA mediante una corriente de facturación ficticia, deduciéndose un IVA no soportado. La Fiscalía Europea ha intervenido en el caso por afectar a los intereses financieros y a varios países de la Unión Europea, así como superar los 10 millones de euros el perjuicio ocasionado. El engaño se realizaba en el sector de productos electrónicos e informáticos mediante un modus operandi muy complejo que afectaba, no sólo a la Hacienda Pública, sino al mercado, ya que colocaban los productos a un precio inferior y por lo tanto promoviendo la competencia desleal.

La Policía Nacional ha participado en la llamada operación Computer, tras la denuncia remitida por las autoridades rumanas, en concreto, la Fiscalía de Cluj. Rumanía solicitaba la práctica de una investigación después de haber detectado una sociedad en dicho país que participaba en operaciones triangulares y obtenía fondos de empresas sin relación comercial.

La mercantil rumana investigada simulaba la adquisición de mercancía intercomunitaria y así dejaba de ingresar el impuesto de IVA. De otro lado, las empresas españolas encargadas de transferir fondos sin ser clientes de dicha empresa actuaban como empresas pantalla, siendo sociedades de nueva creación, sin experiencia en el sector, cuyos administradores eran meros testaferros. Estas empresas, mediante facturación falsa, acreditaban sus operaciones, fingiendo compras y deduciéndose un IVA no soportado.

Dada la complejidad del entramado, la investigación en España ha sido llevada a cabo en varias provincias españolas como Málaga, Madrid, Barcelona, Mallorca y en Murcia. En la Málaga, concretamente en la localidad de Coín, se ha practicado un registrado en un domicilio particular y se ha llevado a cabo un requerimiento policial en una asesoría situada en la capital.

Esta actuación policial se ha saldado con la detención de cinco investigados, uno de ellos administrador de la asesoría vinculada a la trama por presuntos delitos contra la hacienda pública y organización criminal, en un operativo llevado a cabo por parte del Grupo 1º de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Comisaría Provincial de Málaga.

Otras tres personas han sido detenidas por su papel de testaferro en las provincias de Barcelona, Mallorca y Murcia a las cuales se le atribuyen los mismos delitos.

En San Fernando de Henares, Madrid, se ha procedido al registro de la sede social de la empresa distribuidora y mayorista del comercio de los productos informáticos, siendo considerada la beneficiaria del entramado desarticulado, ya que lograban poner sus productos en el mercado a un precio inferior al de sus competidores al aprovecharse del fraude cometido en el IVA.

La Policía Nacional en colaboración con la Agencia Tributaria ha aportado los indicios suficientes para situar el fraude fiscal durante los ejercicios fiscales relativos a 2019, 2020 y 2021. Han desarticulado, así, una trama cuya práctica defraudadora alcanza los 12,6 millones de euros.

Entre los efectos intervenidos destaca diversa documentación relacionada con la actividad ilegal, efectos informáticos, teléfonos móviles y 4.000 euros en metálicos. Asimismo, se han solicitado medidas cautelares respecto a 57 inmuebles valorados en más de 33 millones de euros.

Hace apenas tres meses, en noviembre de 2024, la Fiscalía de Málaga acusó a 15 personas y a una veintena de empresas por un presunto fraude a través de la venta de combustibles entre marzo y octubre de 2020, ya que supuestamente los procesados desarrollaron una serie de operativas destinadas a no abonar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Esta acusación calcula que el supuesto beneficio ilícito ascendió a unos 13,1 millones de euros.

Según las conclusiones iniciales de la Fiscalía, los acusados, «puestos de mutuo y previo acuerdo y con ánimo de enriquecerse injustamente a costa del erario público», se habrían dedicado supuestamente a la venta de carburantes que adquirían del depósito fiscal a distintos clientes, generalmente, estaciones de servicio.

Para la acusación pública, estos acusados empleaban operativas en esas ventas «dirigidas a no abonar el IVA del 21% en estos casos», que generaba la venta, «tanto ocultando la cantidad que por ese impuesto deberían ingresar con facturas falsas, como interponiendo sociedades a las que hacían pasar por el obligado tributario que, aunque declaraban el IVA, ni lo pagaban ni tenían bienes para hacerlo».

Paralelamente «y con vistas a disfrutar de forma impune de tan pingüe beneficio», el dinero percibido de los clientes finales que pagaban el IVA correspondiente a la venta, supuestamente «lo hicieron desparecer de las cuentas de las mercantiles obligadas para, en distintas operaciones y transferencias, pasarlo a otras controladas por los acusados», señala el ministerio fiscal.