Un informe jurídico desmonta la maniobra de Conde-Pumpido para evitar que la Justicia europea revise sus sentencias del caso ERE
Una letrada adscrita a un magistrado conservador avala la estrategia de la Audiencia de Sevilla y asegura que el Constitucional no puede impedir que acuda al tribunal con sede en Luxemburgo
El tribunal del caso ERE se planta ante la maniobra del Constitucional y aboca a un choque institucional
Un informe jurídico encargado por un magistrado conservador del Tribunal Constitucional (TC) avala que la Audiencia Provincial de Sevilla eleve una cuestión prejudicial o consulta ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para no aplicar el borrado de delitos que los magistrados progresistas que controlan este órgano hicieron a los ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía condenados en la pieza principal del caso ERE.
El análisis encargado a una letrada especialista en Derecho comunitario, que depende del magistrado César Tolosa desmonta la tesis del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, que intenta obligar al tribunal andaluz a cumplir las sentencias que borran delitos de prevaricación y malversación, entre otros, a los expresidentes Manuel Chaves y Griñán por el reparto indiscriminado y sin ningún control de casi 680 millones de euros en ayudas de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2009, bajo los gobiernos del PSOE.
El citado informe concluye que «no puede impedir» que otro órgano jurisdiccional, ya sean jueces, magistrados u otros tribunales, recurran a la Justicia europea si, como sostienen los magistrados de Sevilla, las sentencias dictadas por el Constitucional pueden ser contrarias al Derecho comunitario, que prevalece sobre las resoluciones que adopte cualquier Estado miembro, según una información avanzada ayer ‘El Español’ y confirmada por ABC.
Incumplimiento del Derecho de la UE
«Una actuación del TC español que produzca el efecto de impedir, limitar o disuadir de cualquier manera a un órgano jurisdiccional inferior de plantear una cuestión prejudicial podría incurrir en un incumplimiento del Derecho de la Unión Europea», recoge este documento jurídico que el magistrado César Tolosa presentará en el próximo Pleno del Constitucional que se celebrará a mediados del mes de abril. En dicha sesión, Conde-Pumpido defenderá la postura contraria basándose en otros documentos e informes que está recopilando.
El presidente del TC, quien fuera fiscal general del Estado bajo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), considera que la decisión de la Audiencia de acudir al tribunal con sede en Luxemburgo es un acto de rebeldía ante las decisiones adoptadas por el órgano que él preside.
Reconocidos juristas como Rafael García-Valdecasas, abogado del Estado y ex juez del Tribunal General de la UE, han defendido en un artículo publicado en ABC que la consulta de la Audiencia «no es un salto al vacío» puesto que el Derecho europeo tiene supremacía sobre cualquier disposición de los derechos nacionales de los Estados miembros. La Audiencia menciona precedentes como la sentencia del 21 de octubre de 2021 del TJUE del conocido como caso Eurobox Promotion que dispensó a un juez nacional rumano de acatar sentencias de su Tribunal Constitucional que obligaban a la repetición del enjuiciamiento de determinados cargos públicos condenados por corrupción.
Presiones a la Audiencia de Sevilla
Los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que juzgaron y condenaron a una veintena de cargos políticos en la pieza principal de la macrocausa de los ERE, cuya sentencia confirmó casi en su integridad el Tribunal Supremo, están decididos a aguantar el pulso que le quiere echar el Constitucional para impedir que sean desoídas sus rebajas de penas.
Así lo ha puesto de manifiesto dicha sala en una diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia que fue notificada el pasado jueves a las partes, en la que insta al Constitucional a que «justifique la finalidad o razón de ser» de que le reclame la providencia en la que abre la puerta a llevar el caso ERE al tribunal europeo.
En dicha resolución, la Audiencia daba un plazo de diez días a las partes del proceso (Fiscalía Anticorrupción, acusaciones y defensas) para que se pronunciasen sobre la posibilidad de presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE para determinar si aplica o no las diez sentencias del TC que alivian las penas a antiguos cargos autonómicos.
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Conde-Pumpido barajó encargar un informe a un grupo de letrados de dicho órgano para contradecir al tribunal hispalense, como se ha hecho en el caso de los recursos contra la ley de amnistía que favorece a los independentistas. Finalmente, en el último pleno celebrado el pasado martes se acordó analizar la providencia del tribunal andaluz antes de tomar una decisión.
El TC «suplanta» al Supremo
El juez del TC César Tolosa emitió un voto particular contra las sentencias del caso de los ERE emitidas por dicho órgano. Éste denunciaba, junto con la magistrada Concepción Espejel, que el Constitucional había dictado unas resoluciones que «suplantan» al Supremo en su función como máximo intérprete de la ley penal, hasta el punto de que se erige en un «tribunal de casación», competencia que no le corresponde. El TC excede su papel y ejerce como un «tribunal de apelación» al reinterpretar la valoración de las pruebas realizada por la Audiencia de Sevilla y, posteriormente, el Supremo, señalaban ambos magistrados.
Enrique Arnaldo y Ricardo Enríquez, jueces también alineados con el sector conservador de la corte de garantías, presentaron votos discrepantes con el borrado de delitos del TC.
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