Intoxicación alimentaria en Córdoba: piden una investigación tras el fallecimiento de una mujer de 60 años

El caso de la intoxicación alimentaria por la ingesta de montaditos de pringá en un establecimiento hostelero de Córdoba que investiga Salud ha desatado una inminente sucesión de reacciones. La asociación El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía de Córdoba que abra una investigación de oficio por «la grave intoxicación» con montaditos de pringá, que se ha saldado con 44 afectados, uno fallecido (una mujer de unos sesenta años), aunque «sin que se haya podido confirmar que la causa sea el consumo de los alimentos relacionados con el brote», según ha precisado la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

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En una nota, la asociación ha pedido «por la gravedad y mediando un fallecimiento una investigación de oficio para conocer los controles que ha tenido esta empresa por parte de la Junta de Andalucía y qué materia comestible se ha utilizado para crear una intoxicación de esta índole».

«Es imposible que se desconozcan los alimentos que se han consumido y en qué estado estaban, dónde han sido conservados y adquiridos», han expresado, para demandar también los resultados de «la propia autopsia de la víctima fallecida». Como ha adelantado ABC, se trata de una pringá casera, hecha por el propio bar afectado. El agente sospechoso ahora mismo es, según Salud, E. Coli y Clostridium perfringens.

Según han subrayado, «los derechos de los consumidores y usuarios serán protegidos prioritariamente cuando guarden relación directa con productos o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado con grave daño para su salud».

Por su parte, la asociación de consumidores Facua en Córdoba ha reclamado también a Salud que «aclare cuáles son la marca y el fabricante, así como el establecimiento donde se distribuyó y cualquier otro dato que sirva para la identificación de los ingredientes de la serie de montaditos de pringá causantes de la toxiinfección alimentaria».

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Al respecto, la asociación ha señalado que «no puede descartarse que los productos contaminados se hayan también comercializado y vendido a otros establecimientos, tanto de hostelería como comercios minoristas que lo vendan directamente a los consumidores».

Así, Facua considera «indispensable que la Consejería haga pública toda la información disponible, de modo que los usuarios puedan comprobar si disponen de los productos contaminados o si acudieron al establecimiento del que ha partido la infección, todo en aras de la mayor transparencia y el cuidado de su salud».