España se expone a una condena de Bruselas si Pumpido prohíbe que la Justicia europea revise sus sentencias del caso ERE

Un informe de 14 páginas elaborado por una letrada especialista en Derecho comunitario, adscrita al magistrado conservador del TC César Tolosa, al que ha accedido ABC, lanza esta advertencia al bloque progresista mayoritario en este tribunal, encabezado por su presidente, Cándido Conde-Pumpido, que planea impedir que la Sección Primera de la Audiencia recurra a la Justicia europea. Este sector considera un acto de rebeldía que no se acaten sus sentencias en las que reducen los delitos de prevaricación y malversación, entre otros, a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y Griñán en el caso ERE.

El análisis encargado por el juez César Tolosa cuestiona los planes de Conde-Pumpido para intentar obligar al tribunal andaluz a aplicar sus rebajas de penas. Para ello apela al artículo 92 de la ley orgánica del TC que le otorga amplias facultades para imponer su cumplimiento tras una modificación que se introdujo en 2015 para contrarrestar el desafío independentista. Trata así de cerrar el paso a una consulta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que pueda cuestionar sus resoluciones.

Tras hacer un pormenorizado repaso de sentencias anteriores dictadas por el tribunal con sede en Luxemburgo que avalan cuestiones prejudiciales planteadas por otros Estados europeos, la letrada especialista en Derecho comunitario avisa de que la independencia judicial «forma parte del valor del Estado de Derecho» y también «queda protegida por el Derecho de la Unión (artículos 2 y 19 del Tratado de la UE)».

«En el supuesto de que el Tribunal Constitucional decida adoptar una decisión de tal naturaleza, los órganos jurisdiccionales afectados vendrían obligados a dejar inaplicada dicha decisión», prosigue. Esgrime hasta cuatro sentencias del TJUE, entre ellas la del conocido como caso Eurobox Promotion (21 de octubre de 2021) que dispensó a un juez nacional rumano de acatar fallos de su Constitucional que obligaban a la repetición del enjuiciamiento de determinados cargos públicos condenados por corrupción.

La jurista que elabora este informe a instancias del magistrado César Tolosa va aún más lejos al disuadir al TC de intentar bloquear la consulta del tribunal de los ERE a la Justicia europea. Advierte de que la Comisión Europea puede «iniciar un procedimiento de infracción contra el Estado español, con fundamento en la actuación de su Tribunal Constitucional». Dicho procedimiento «podría abocar a una sentencia del Tribunal de Justicia condenando a España por incumplimiento del Derecho de la Unión».

Existen precedentes en Europa, recuerda esta jurista. «Si bien algunos de estos procedimientos han quedado archivados, cabe recordar que no ha ocurrido así respecto a la actuación del Tribunal Constitucional de Polonia y dos sentencias que ha dictado recientemente (14 de julio y 7 de octubre de 2021)», señala. Éstas dieron lugar a la apertura de un expediente de infracción «por considerar que se vulneraban los principios generales de autonomía, primacía, eficacia y aplicación uniforme del Derecho de la Unión, así como el efecto vinculante de las sentencias del TJUE».

No solo eso, sino que «la Comisión también consideraba que el TC ya no cumplía los requisitos de independencia e imparcialidad de un tribunal establecido previamente por la ley». El abogado general Dean Spielmann presentó recientemente una propuesta para condenar al Estado polaco como consecuencia de las dos sentencias dictadas por su Constitucional.

El informe se enmarca dentro del choque de trenes entre los bloques conservador y progresista del TC que ha causado la decisión de la Audiencia de Sevilla. El TC ordenó a la Audiencia que aplicara sus sentencias tras dar amparo parcial a los políticos condenados. En sus resoluciones, contrarias a las del órgano sevillano y del Supremo, sostenía que el reparto sin ningún control de 680 millones de euros de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2009, bajo los gobiernos socialistas, tenía cobertura a través de las leyes de presupuestos autonómicos que recogieron partidas concretas para financiar este fondo de ayudas a partir del año 2002.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que juzgó y condenó a 19 ex cargos políticos en la pieza principal de los ERE está decidida a aguantar el pulso que le quiere echar el Constitucional para bloquear una consulta al TJUE. En una diligencia de ordenación de la letrada de Administración de Justicia de la sala de los ERE notificada el pasado jueves a las partes, emplazó al Constitucional a que «justifique la finalidad o razón de ser» de que le reclame la providencia en la que abre la puerta a llevar el caso al tribunal europeo.

Conde-Pumpido barajó encargar un informe a un grupo de letrados de dicho órgano para contradecir al tribunal hispalense, como se ha hecho en el caso de los recursos contra la ley de amnistía que favorece a los independentistas. Finalmente, en el último pleno celebrado el pasado martes se acordó analizar la providencia del tribunal andaluz antes de tomar una decisión.

El magistrado del TC César Tolosa emitió un voto particular contra las sentencias del caso de los ERE emitidas por dicho órgano el pasado julio. Éste denunciaba, junto con la magistrada Concepción Espejel, que el Tribunal Constitucional había dictado unas resoluciones que «suplantan» al Supremo en su función como máximo intérprete de la ley penal, hasta el punto de que se erige en un «tribunal de casación», competencia que no le corresponde.