El TSJA rechaza suspender el acuerdo de Carboneras por el que se desclasificó 'con matices' el suelo del Algarrobico

La espiral judicial del hotel El Algarrobico en Carboneras sigue girando. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado la medida cautelar solicitada por la Junta de Andalucía para suspender el acuerdo adoptado el pasado 26 de abril por el pleno del Ayuntamiento carbonero por el que el paraje de El Algarrobico fue clasificado como no urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) municipal.

La sala no considera que sea «ostensible, manifiesta y evidente» la nulidad que alega la Junta y traslada que, para adoptar esta medida cautelar, se hace necesario interpretar la redacción del citado acuerdo plenario, lo que «constituye el fondo del pleito» y no puede «ser decidido por este cauce procesal», según recoge el auto

La Junta de Andalucía sostenía que la forma en la que se había redactado el acuerdo de desclasificación «ocasionaría daños de difícil reparación, ya que posibilitaría una interpretación torticera y sesgada de la norma urbanística que resulta contraria al ordenamiento jurídico«.

Todo ello porque el Gobierno andaluz consideraba que se daba a «entender que la clasificación de los terrenos hasta la adopción del citado acuerdo municipal, era la de suelo urbanizable, obviando con ello los reiterados pronunciamientos judiciales que han fallado y confirmado la consideración de los mismos, como no urbanizables desde 1994«.

Posteriormente, con el cambio en el gobierno en la corporación local carboneras, el nuevo alcalde, Felipe Cayuela (PP), se alineó con la posición de la Junta y llevó a un pleno convocado en noviembre una enmienda al acuerdo para suprimir esas expresiones que, sin embargo, no salió adelante debido a los votos desfavorables de los cinco ediles del PSOE, y la abstención de los concejales de Ciudadanos y del edil no adscrito.

En su auto, contra el que cabe recurso de casación al Tribunal Supremo (TS) la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA indica que estimar la medida cautelar interesada por la Junta y suspender la vigencia de la desclasificación urbanística del Algarrobico en el PGOU supone «prejuzgar el fondo del asunto». La corrección de acuerdo para modificar el plan general que no salió adelante en el pleno que se convocó en noviembre y que solicita la Junta facilitaría declarar nula de pleno derecho la licencia de obras concedida a Azata del Sol en 2003.

El Gobierno andaluz asume que la sentencia del TSJA impide la adopción de medidas cautelares y por tanto que la suspensión de la licencia se pudiera hacer de forma automática. No obstante, la medida sigue dependiendo del Ayuntamiento de Carboneras. «El Tribunal ha rechazado que haya medidas cautelares pero no ha entrado en el fondo de la cuestión. Lo importante es que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo. El Algarrobico nunca debió construirse y para eso hace falta que el Ayuntamiento revoque la licencia», apuntó este martes el portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco.

En este sentido, el Gobierno andaluz señaló al PSOE municipal de Carboneras, que en el último pleno rechazó el acuerdo propuesto por el gobierno de este municipio, como responsable si no se avanza en la demolición del Algarrobico. «La voluntad del alcalde es que se cumpla la sentencia a pesar de que el PSOE no parece interesado en ello», expresó Fernández-Pacheco.

El Tribunal Supremo determinó en una sentencia de 2023 que para que los terrenos de El Algarrobico sean «devueltos a su estado originario, que debió mantenerse inalterable», es necesario antes revisar la licencia de obras para, así, «garantizar el interés económico, social y jurídico de las partes implicadas».

Si el Consistorio carbonero declara nulo el permiso municipal que se concedió en 2003, el siguiente paso natural es la incoación de un expediente de demolición sobre la edificación de una veintena de plantas y 411 habitaciones. La promotora del edificio y dueña de los terrenos Azata del Sol mantiene vivas las reclamaciones por responsabilidad patrimonial ante los tribunales.