La doble pena de las víctimas de ETA: olvido e impunidad

Nérin fue el último asesinado por ETA . Siete meses y cuatro días después, la banda terrorista anunciaba que dejaban de matar. Con esta noticia, ETA ponía fin a su actividad que durante más de medio siglo dejó un reguero de sangre con 7.265 víctimas, de las cuales 864 fueron asesinadas .

El verdugo de Nérin fue Mikel Carrera Sarobe, alias «Ata» y cumple cadena perpetua en Francia.

Pero no todos los asesinatos llevados a cabo por la banda terrorista pueden adjudicarse a un nombre y un apellido. Es por ejemplo el caso del último atentado mortal cometido en territorio español por los etarras. Fue en Palma de Mallorca, el 30 de julio de 2009. El grupo terrorista colocó una bomba lapa en un automóvil y causó la muerte de dos guardias civiles: Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá . Aún se desconoce el autor material de este atentado.

Ninguna acción puede compensar lo que supone la pérdida de un padre, un hijo, un hermano o un compañero a manos de unos terroristas. Un desastre irreparable para todas las víctimas del terrorismo, tanto las directas como sus familias y amigos. Pero quizá conocer quién apretó el gatillo o quién puso la bomba pueda aliviar la tristeza y el desamparo de los que se quedaron.

Casi del 44% de los 864 asesinatos de la banda no se conoce el verdugo. Las cifras son algo dispares según quién realice la lista de estos asesinatos de ETA sin resolver. La asociación Dignidad y Justicia que dirige Daniel Portero los cifra en 377 .

Mientras, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), dirigida por Maite Araluce cuenta algo más de 300. Esta diferencia está en que la asociación de Portero también tiene en cuenta los crímenes cometidos entre 1969 y 1976, que fueron amnistiados por la ley de Amnistía de 1977 .

«No he descansado todavía. No he podido cerrar el duelo. Dentro de mí hay algo que murió el día del atentado», cuenta para ABC Víctor López , víctima de un atentado del que nadie se ha hecho responsable ni se ha logrado identificar al autor.

A este guardia civil, ya retirado, hablar de la banda terrorista y del 24 de septiembre de 2002 le sigue afectando emocionalmente. Ese día a las 12.50 en Leiza (Navarra) un atentado bomba le hirió de gravedad. Los etarras colocaron una pancarta trampa en la que se leía: «Guardia Civil, Jo ta bertan hil. Gora ETA» («Guardia Civil, dale y mátalo ahí mismo. Viva ETA»). Cuando Víctor, destinado en Vélez (Málaga), pero de vacaciones en la localidad navarra de donde es su mujer, y los agentes del pueblo fueron a retirar el cartel, una bomba, activada con mando a distancia causó la muerte a uno de los agentes, Juan Carlos Beiro Montes.

A pesar de que su caso ha avanzado en la investigación y se ha reabierto para conocer el nombre del asesino, el principal temor de Víctor es que su crimen, como el de cientos de víctimas, prescriba. «Han pasado diecinueve años del atentado. Solo queda un año para que prescriba», señala Víctor. La ley establece que a los 20 años, si no hay ninguna nueva actuación judicial sobre ellos, los casos prescriban.

Ana María Palomo es otra víctima que, como Víctor, busca hacer justicia y conocer el nombre de quién asesinó a su hermano. El 4 de octubre de 1976, la banda terrorista ETA ametrallaba en San Sebastián el coche en el que viajaba el presidente de la Diputación de Guipúzcoa, Juan María Araluce , el conductor de su coche oficial, José María Elícegui , y tres policías miembros de su escolta: Alfredo García , Luis Francisco Sanz y Antonio Palomo . En el atentado no hubo supervivientes.

«Hemos vivido toda la vida con esto. Mi hermano tenía 24 años cuando lo mataron. Yo 27. Todos en la familia nos hemos criado con ese odio, esa impotencia y esa pregunta constante: ¿Por qué a él?», recuerda Ana María, a quien el asesinato de su hermano le truncó la vida. A ella y a sus padres: «Ese 4 de octubre mataron a mi hermano, y a mis padres con él. Siempre te queda algo por no saber los nombres de los que dispararon ese día».

«Me gustaría saber quién destrozó la vida de mi hermano y también la de mis padres», cuenta Ana María, emocionada a pesar de que hace más de 40 años del crimen.

Sobre la mesa quedan más de 300 crímenes sin resolver. La mayoría de la década de los 70 y 80, los conocidos como ‘años de plomo’, cuando ETA mataba cada cuatro días. Un total de 310. De los años 60, cuando la organización criminal ejecutó su primer atentado contra el guardia civil José Pardines , en 1968, queda aún un asesinato sin resolver. La década de los 90 suma 54 y el inicio del nuevo siglo, 13.

Ahora, el Parlamento Europeo enviará en noviembre de este año una misión de investigación a España, después de que la Comisión de Peticiones, presidida por la exministra popular Dolors Montserrat, aprobara esta misión.

Esta comisión de investigación, de la que aún no se conocen los nombres de los eurodiputados que la integrarán, ya se preparó para el año pasado por iniciativa de Ciudadanos y de su grupo en el Europarlamento Renew Europe, con el apoyo del PP y Vox, pero tuvo que posponerse por la pandemia. En 2017 la Eurocámara aceptó a trámite esta petición de investigación presentada por el abogado de Dignidad y Justicia, Miguel Ángel Rodríguez Arias .

La iniciativa busca conocer las razones de por qué tantos crímenes de la banda terrorista aún están sin resolver. El objetivo es que la delegación europarlamentaria pueda entrevistarse en España con víctimas y autoridades policiales y judiciales.

«La iniciativa del Parlamento Europeo es bienvenida. No sabemos hasta qué punto puede ser eficaz y tampoco tengo grandes esperanzas. Me parece bien para darnos mayor visibilidad», apunta Víctor López. «Buscamos que haya justicia por la viuda y los hijos de Beiro. Parece que el Gobierno de España no quiere dar los medios para investigar estos crímenes sin resolver».

Lo mismo opina Ana María Palomo de esta misión europea: «No espero mucho de esta iniciativa. Si en todos estos años no se ha podido lograr esclarecer estos crímenes. Pero sí que me alegra porque así se hace un poco de ruido, y no se nos olvida. No podemos olvidar lo que pasó ».

Pero, avisan, no hay que caer en falsas esperanzas. Saben que la misión europea no terminará con la resolución completa de los crímenes, por eso tampoco quieren que se generen demasiadas expectativas.

«Lo que hay que ver son los motivos por los que quedan tantos crímenes sin resolver. Uno de ellos, es la Amnistía del 77 , pero otros es que detrás de cada negociación con ETA, ha habido indultos encubiertos. Otra clave está en que durante la época que más crímenes cometieron los etarras, en los años 70 y 80, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) no tenían los medios de ahora y tampoco estaban preparados para ello», apunta Maite Araluce.

Por eso, la hija del presidente de la Diputación en Guipúzcoa pide que se empleen todas las medidas posibles para identificar al autor del asesinato para que se le pueda enjuiciar y condenar, «pero eso es una labor de los jueces y fiscales , y de las FCSE», recuerda Araluce.

A través del trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y de algunos fiscales de la Audiencia Nacional, se ha podido llevar a juicio a 20 de estos casos , 15 de ellos con éxito consiguiendo la condena de sus responsables. Además, se reabrieron cerca de un centenar de procedimientos judiciales y se han presentado unos 200 informes policiales.

Además, según señala Carmen Ladrón de Guevara, abogada de AVT, se han revisado casi 400 sumarios correspondientes a 585 víctimas mortales, constatando que en seis casos que se habían dado por resueltos, las sentencias no se correspondían con el autor material. «Para los casos en los que no hemos tenido justicia sí reclamamos el derecho a la verdad, que no prescriban . Queremos saber la verdad », apunta Araluce.

El dolor y la tristeza que da no conocer el nombre del asesino de tu ser querido es algo que, de momento, acompañará a Víctor, a Ana María, a Maite y a otros cientos y cientos de personas. Porque ETA podrá disolverse y haber entregado las armas, pero el sufrimiento no se mitiga.