El 'trágala' de la quita a la deuda, un chantaje inaceptable

El Gobierno, muy digno y sin un mínimo de pudor, critica al PP y a sus gobiernos autonómicos por no apoyar esta quita de la deuda, lo que, dicen, va en contra de los intereses de los ciudadanos de sus comunidades. ¿Pero realmente esperaban otra reacción? ¿A alguien le parece normal lo que ha ocurrido? Primero el Gobierno se compromete con ERC a una quita de la deuda catalana de 15.000 millones a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez. Casi dos años después, pacta con este partido una quita de 17.000 millones, y para que las demás autonomías no se enfaden mucho, la extienden al resto con una fórmula que beneficia a Cataluña y a quienes el Ejecutivo quiere. Por un lado, como Sánchez ha puesto a su vicepresidenta María Jesús Montero al frente del PSOE andaluz, coloca a Andalucía como la autonomía más beneficiada por la quita, incluso por delante de Cataluña. De este modo, pone una trampa a Juanma Moreno, que es difícil que pueda rechazar la condonación y disimula los privilegios a Cataluña.

Por otro lado, usa una fórmula que también beneficia a Castilla-La Mancha, la comunidad que gobierna el barón socialista más crítico con las cesiones al independentismo de Sánchez. Y ya, por último, para cerrar el círculo, incluye una fórmula, que los economistas y la propia Airef critican, y es que, en lugar de premiar a quien ha gestionado bien, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, aplica una medida puramente ideológica, para castigar a Madrid y las autonomías del PP, que es premiar a quienes hayan subido el IRPF, lo que no tiene absolutamente ningún sentido económico ni técnico. Y aún así, la señora Montero pretendía que los barones del PP se dividieran, bajaran la cabeza y dijeran 'sí bwana' a ese aberrante chantaje, que no solo no resolverá los problemas de financiación de las comunidades, especialmente las peor tratadas por el sistema actual, como son Murcia y la Comunidad Valenciana, sino que encima tendrá un efecto pernicioso en el control de las cuentas públicas. Asegura Fedea que la propuesta ha de ser valorada «muy negativamente» por dos razones, primero porque se está desincentivando que las comunidades tengan una mínima disciplina fiscal, y segundo, por «el muy discutible reparto territorial de las ayudas».

Señala Fedea, que una condonación de la deuda podría tener sentido «si se utilizase para corregir las inequidades pasadas, compensando la infrafinanciación acumulada a lo largo del tiempo por determinados territorios» durante la vigencia del modelo de financiación. Pero no es eso ni mucho menos lo que ha ocurrido.

Al final con esta propuesta, lo que pretende el Gobierno, aparte de cumplir sus compromisos con el independentismo catalán para poder seguir en La Moncloa, es que todos los españoles nos quedemos con la deuda catalana, y para disimular con alguna más y sin solucionar el principal problema, que sigue siendo la infrafinanciación de algunas autonomías.

El pacto del Gobierno con ERC pasa por que el Estado asuma más de 83.000 millones de la deuda autonómica de los algo más de 300.000 con que cerró 2023. La comunidad más endeudada, Cataluña, con casi 86.000 millones de euros, será una de las principales beneficiadas por la quita.