Yolanda Díaz fuerza la aprobación de la rebaja de jornada a las puertas del 1 de Mayo y sin apoyo del Parlamento

En un ambiente ya tenso en el Ejecutivo por el aumento de los gastos en defensa, Díaz anunciaba este jueves que el Consejo de Ministros tendrá sobre su mesa el martes la modificación normativa que ahora «va a tocar defender». La líder de Sumar es consciente de que va a tener que pelear para que salga adelante, teniendo en cuenta que sigue sin tener el respaldo parlamentario necesario. Los siete votos de Junts, clave para que prosperen en el trámite parlamentario, no están asegurados en este momento, como tampoco los del PNV, que mantiene sus dudas. Sólo con el 'no' de los independentistas catalanes el cambio laboral no saldría adelante, además de ser una 'enmienda a la totalidad' de la propia legislatura con el bloqueo de la iniciativa estrella. El partido catalán no apoyará el proyecto en su actual redacción si antes no se negocia. Como los empresarios, sostiene que la vía no es una ley y que los cambios que afectan a la jornada residen en la negociación colectiva.

El escenario elegido por Díaz para hacer el anuncio no es casual. Ha sido durante la clausura del Congreso de CC.OO-Industria que se celebra en Toledo, y se produce días antes de que los sindicatos salgan a las calles en toda España para celebrar la Fiesta del Trabajo. Ha dicho la vicepresidenta segunda que se trata de «la medida que más desea el conjunto de los españoles, voten a quien voten». Y ha pedido también «convertir lo que es de sentido común en la calle en sentido común en el Parlamento» para convencer a todos los grupos políticos. «No va a ser fácil, vamos a tener que dejarnos la piel con inteligencia, con argumentos« ha reconocido la ministra de Trabajo, consciente de que el camino se presenta tortuoso y de que las posibilidades de que salga adelante en el Parlamento son remotas.

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A Yolanda Díaz se le tuercen, por tanto, los planes. La negativa de la organización que dirige Antonio Garamendi a sellar el pacto con el Gobierno y los sindicatos alejó la posibilidad de reproducir un acuerdo tripartido como el logrado con las pensiones. Y este escenario contribuyó de forma decisiva a alejar también la posibilidad de que la medida saliera con éxito en el Congreso, teniendo en cuenta que un acuerdo a tres bandas en el diálogo social es casi siempre la llave que garantiza el éxito de la reforma cuando pasa por el Parlamento.

El anuncio de la vicepresidenta ha caído como un jarro de agua fría en el mundo empresarial. CEOE ha hecho público un comunicado en el que afea a Díaz el «evidente oportunismo político» y en el que avisa del impacto en la actividad económica y el empleo y sobre las pymes. La patronal insiste en la necesidad de que la reducción horaria se ajuste a las necesidades de cada sector en la negociación colectiva y asegura que «la voluntad de imponer la reducción de la jornada para dar cumplimiento a un acuerdo político está ocasionando ya un freno en la negociación colectiva, que es una infraestructura básica -dice-para mantener la estabilidad económica y la paz social«.

Añade CEOE que situar la jornada máxima legal por debajo de la jornada promedio ya pactada en los convenios colectivos «va a acabar por dinamitar esa negociación colectiva« y advierte de que »los planteamientos que los nuevos requerimientos que la norma recoge sobre el registro horario son de muy difícil cumplimiento, dado que el país no cuenta con la infraestructura digital necesaria, ni todos los trabajadores cuentan con las debidas competencias digitales«. Por todo ello, la organización empresarial llama a la responsabilidad para que durante el trámite parlamentario de la norma «se tengan en cuenta estas cuestiones y se disponga de un adecuado análisis de impacto económico».

La patronal logística UNO también ha alertado de los graves efectos de la norma. «Nos encontramos ante una medida que socava el diálogo social y rompe el principio de negociación colectiva», ha asegurado su presidente, Francisco Aranda. El dirigente empresarial afirma que «imponer por decreto una reducción de jornada, sin que venga acompañada de reformas que impulsen la productividad, supondrá un duro golpe para sectores clave como la logística y el transporte, intensivos en empleo y estratégicos para el funcionamiento de la economía».

Aranda también ha alertado de que «esta medida solo traerá menor contratación indefinida a tiempo completo, más presión sobre las pymes y menos capacidad para subir salarios reales». «España -dice- no puede permitirse seguir liderando el paro en Europa mientras se adoptan medidas que agravan esa situación», ha subrayado. En su opinión, el Gobierno debe a centrarse en reformas estructurales como «la reducción de las abultadas cotizaciones sociales, la lucha contra el absentismo laboral o la definición de un marco laboral mucho más flexible y adaptado a la realidad empresarial».

Por ultimo, el también portavoz de la patronal CEIM ha afirmado que «este anuncio llega en plena polémica por el aumento del gasto militar en los PGE, lo que hace sospechar que el Ministerio de Trabajo esté utilizando esta medida como una cortina de humo para desviar la atención pública». «El mercado laboral -concluye- no puede convertirse en un instrumento de distracción política».