Seguridad Social lanza un teléfono, el 020, para llegar a los miles de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital que no lo piden
La ministra Elma Saiz admite que la ayuda no llega a todos los que podrían percibirla
La línea de información directa habilitada entrará en funcionamiento a partir de verano
En qué consiste el complemento a la infancia del Ingreso Mínimo Vital de hasta 115 euros y quiénes lo pueden solicitar
Uno de los problemas consustanciales que el anterior gabinete de la Seguridad Social impulsor de la prestación del ingreso mínimo vital (IMV), allá por el 2020, detectó pasados sólo unos meses desde su puesta en marcha es la barrera invisible que se levantaba en el momento de la solicitud de la ayuda, que muchos de los posibles beneficiarios no han llegado si quiera a realizar bajo la premisa de que el recibir la prestación comportaba al mismo tiempo una regularización fiscal que obliga a 'formalizar' la relación con la Administración pública.
Los datos facilitados por la Seguridad Social en el balance mensual que publica recurrentemente proyectan que el volumen de beneficiarios del ingreso mínimo ha llegado hasta enero a 747.147 hogares en los que viven 2.194.953 personas. Según la estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), del total de beneficiarios, un 43,4% son menores (953.387), mientras que si lo consideramos por el número de hogares, en el 68,3% hay al menos un menor (510.655).
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Además, según estos datos, en dos de cada tres hogares la titular de la prestación es una mujer y, si se tiene en cuenta el total de beneficiarios, el 53,9% son mujeres (1.184.206). Respecto al número de prestaciones con el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), han alcanzado ya las 460.061. El CAPI, que entró en vigor en enero de 2022, es una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años.
Sin embargo, dos elementos ensombrecen la estadística, que con los datos recogidos en el primer mes de 2024 estaría a punto de alcanzar su objetivo inicial. En primer lugar, el Gobierno aún no termina de desempañar la estadística que en puridad habla de cuántos beneficiarios han percibido la prestación, pero no de cuántos la están recibiendo en cada momento de la publicación. Ello, sumado a que se trata de una ayuda móvil, que sirve para completar el déficit de rentas de los hogares más necesitados, y que se revisa en función de las modificaciones patrimoniales hace prever que la cifra de los actuales perceptores sean algo inferiores.
El '020'
En este punto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunciaba este lunes durante la celebración de una jornada celebrada por el Ministerio sobre el avance de la prestación la puesta en marcha del teléfono 020, un nuevo servicio público para reforzar la información y resolver consultas de los solicitantes del ingreso mínimo vital, que empezará a funcionar en verano y supondrá un aumento de la plantilla del 40%. Señalaba la ministra que con esta nueva herramienta se da comienzo a «una nueva etapa» porque se pretende llegar a todos quienes lo necesiten y no tengan acceso a la prestación.
«Es una declaración de intenciones. Las causas que son prioritarias para el Gobierno cuentan con un teléfono corto: violencia machista, ciberseguridad ciudadana, salud mental, atención al suicidio... En este caso, queremos acercarnos a las personas con derecho a la prestación de una manera más ágil y sencilla», subrayó la ministra durante el diálogo mantenido con la periodista Silvia Intxaurrondo.
Los 'non take up'
Y el segundo aspecto que tampoco permite elevar el triunfalismo sobre el funcionamiento de la loable prestación articulada por la Seguridad Social para unificar un mismo sistema de protección de último recurso que no generase diferencias entre comunidades autónomas es el hecho de los posibles beneficiarios que no lo solicitan, denominados como 'non take up', pese a estar en condiciones de percibirlo.
El principal aspecto retentivo es el de la formalización de la relación de estos ciudadanos con la Administración, por un lado, y la falta de comunicación entre los diferentes entes públicos, por otro. De entrada, teniendo en cuenta el tope de 800.000 hogares, estaría aún fuera del sistema unos 57.000 hogares potencialmente beneficiarios. Sin embargo, esta cifra era del 57% de los hogares a cierre de 2022, por lo que el volumen de beneficiarios se ha más que triplicado en el presente año desde los 284.000 hogares que lo percibían entonces.
En este punto, la Airef señalaba en el informe de seguimiento de la prestación publicado hace ahora algo más de medio año que un factor explicativo de la persistencia temporal en el número de hogares no solicitantes del ingreso mínimo vital podría ser que el trasvase de hogares beneficiarios de las rentas mínimas autonómicas al IMV estuviera siendo limitado. Sin embargo, la escasa calidad de los microdatos sobre los beneficiarios y el gasto de las rentas mínimas autonómicas que las comunidades autónomas reportan a la AEAT y al INSS impidió a la AIReF realizar los análisis pertinentes para conocer su evolución, el trasvase de estas hacia el IMV o su grado de solapamiento con la prestación estatal.
«La información a nivel de persona que se suministra por parte de las comunidades autónomas tanto a la AEAT como al INSS es todavía limitada y no permite realizar un análisis temporal de beneficiarios y cuantías percibidas de las rentas mínimas autonómicas», señalaba el organismo presidido por Cristina Herrero, añadiendo entre algunas propuestas para la mejora del funcionamiento de la ayuda alcanzar un volcado uniforme y completo de la información de prestaciones públicas y en especial de las rentas mínimas autonómicas coordinándose la información de las bases de datos de la AEAT con las del registro de la Tarjeta Social Digital del INSS.
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