El PP saca adelante una propuesta para posponer el apagón nuclear gracias a la abstención de ERC y Junts

Las abstenciones de ERC, una fuerza manifiestamente antinuclear, y de Junts, que dice apoyar la clausura de las centrales -aunque tiene un enfoque más pragmático-, se explica por el temor de estas formaciones a cómo se ha previsto en la hoja de ruta trazada por el Gobierno el cierre de los tres reactores que hay en Cataluña, que actualmente dan luz a dos de cada tres catalanes.

Durante el debate parlamentario de ayer, ERC se opuso a un desmantelamiento de las centrales «improvisado«, dijo el diputado Jordi Salvador, y que »ponga en peligro la vida en el territorio«. Exactamente, Esquerra pide una garantía real de transición energética hacia las renovables, un plan de reindustrialización urgente y efectivo para las zonas nucleares y la protección laboral sólida para los trabajadores afectados.

Como ya se ha avanzado, Salvador puso el foco en Cataluña, comunidad en la que según datos de la Generalitat el 57% de la producción eléctrica es nuclear (datos de 2023). En la misma línea, desde Junts justificaron su abstención por la insuficiente inversión en renovables en la región.

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La PNL no es vinculante, pero aún así tiene el interés de que su votación ha obligado a los partidos a pronunciarse sobre un debate que parecía estar cerrado, pero que ha resucitado de un tiempo a esta parte.

El fiasco energético alemán tras el cierre de su último reactor en 2023, el cambio de opinión de Bruselas, que el año pasado incluyó la energía nuclear entre las tecnologías estratégicas que impulsa la Ley de Industria Net-Zero, o su inclusión como «componente esencial del sistema energético» en el informe Dragui son solo algunos ejemplos del reciente cambio de percepción para con esta fuente de energía. De hecho, en este momento España es el único país europeo que tiene centrales nucleares operativas (siete reactores) y quiere cerrarlas.

Sin embargo, ayer la ministra de Transición Ecológica dejó claro que el Gobierno no va a modificar su hoja de ruta. «Son las empresas de este país las que deciden construirlas, operarlas, mantenerlas o no mantenerlas» (las centrales), dijo la ministra, añadiendo que hasta la fecha las energéticas «no nos han mostrado ningún interés, ni el más mínimo interés por ampliar la vida útil de estas centrales nucleares» . Claro está, le faltó hablar de los impuestos que le han caído encima al sector en los últimos años.

Sea como fuere, en este asunto el PSOE cuenta con el apoyo de los partidos a su izquierda -Sumar, Podemos, Bildu y el BNG-, que en distintas intervenciones durante el debate parlamentario de ayer justificaron su voto por los conocidos motivos medioambientales y entre acusaciones a los de Feijóo de alinearse con intereses privados. Por su parte, la diputada del PNV Idoia Sagastizabal afeó al PP que quisiera «resucitar», dijo, un debate ya superado y apuntó a que el futuro pasa por donde se tienen «claras ventajas competitivas»; léase, las renovables.

El argumento que maneja el Ministerio, como ya se ha avanzado, es que son las propias empresas las que han decidido dejar de lado la energía nuclear, y ayer la ministra Sara Aagesen justificó esta postura poniendo de ejemplo las sensacionales inversiones privadas en hidrógeno renovable, biogás o biometano que se han visto en nuestro país en los últimos años. Todo ello por no hablar de la eólica o la solar, que hacen que la electricidad de los hogares españoles sea hasta un 60% más barata de las que pagan los alemanes.

Sin que esto deje de ser cierto, y como ya explicó ayer ABC, no hay que olvidar que fue el Gobierno el que marcó la hoja de ruta del apagón nuclear con la última actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC). Otra vía para poner fecha de caducidad a las nucleares han sido los impuestos, que en este sector han aumentado un 70% en los últimos cinco años, según un reciente estudio de PWC.

En la votación de hoy sobrevolaba el tema concreto del cierre de la central nuclear de Almaraz, que actualmente mantiene enfrentados al Gobierno y la Junta de Extremadura, que quiere alargar la vida útil de esa instalación y no se contenta con los planes compensatorios de revitalización económica que el Ejecutivo ha presentado para la región. Como ya explicó ayer ABC, en ese caso la gran incógnita es la postura de las compañías que gestionan la central, que aún no han sido claros sobre este extremo.