El Congreso debate sobre la energía nuclear con Extremadura en vilo por el futuro de Almaraz

Precisamente, en tierras extremeñas, las instituciones y buena parte de la ciudadanía están de uñas por el impacto negativo que puede causar el cierre de la central de Almaraz en la industria, el empleo y la riqueza de toda la región y, principalmente, de la comarca del Campo Arañuelo, en el norte de Cáceres. De hecho, hace apenas unas semanas, el pasado 18 de enero, miles de personas, de todo signo político, se concentraron en Almaraz reclamando la extensión de su vida útil.

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Hay que tener en cuenta que la central, además de generar el 7% de la energía de todo el país, sostiene más de 3.000 empleos directos. Su impacto es crucial en toda la comarca -Almaraz es uno de los municipios más rico de Extremadura, solo por detrás de Badajoz y Cáceres- , pero también en el global regional, aportando una ingente cantidad de dinero al PIB regional y dejando más de 100 millones de euros en impuestos.

Como alternativa al cierre, el Gobierno de España se ha empeñado en vender como alternativa una gigafactoría de baterías en Navalmoral de la Mata. Un proyecto faraónico que, sin embargo, deja alguna duda en la zona. La primera piedra se puso hace ya ocho meses, pero el propio alcalde de Navalmoral, el popular Enrique Hueso, admitió que la empresa está «redefiniendo» el proyecto. Ocho meses después de la primera piedra.

Ante esta situación, el Gobierno autonómico, liderado por María Guardiola, ha emprendido lo que entienden como una «batalla» decisiva para el futuro de la región. La presidenta extremeña se ha enfrentado públicamente a la ministra Aagesen, a la que acusa de «mentir», y ha pedido soluciones al Gobierno. La última propuesta, que llamó poderosamente la atención en Extremadura, fue tantear la posibilidad de que fuese el Estado quien asumiese la gestión de Almaraz.

Lo de Almaraz, sin embargo, no se parece a otras guerras políticas, donde toda opinión viene marcada por el paraguas del partido político bajo el que uno está. En Extremadura, el propio Partido Socialista ha sido crítico con este asunto. Su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, ha repetido por activa y por pasiva que «sin alternativas, no se puede cerrar Almaraz». Más lejos, incluso, fue el presidente de la Diputación de Cáceres, el también socialista Miguel Ángel Morales, que reconoció hace unos días en la Cadena COPE que «nadie le había explicado todavía los motivos del cierre de Almaraz».

Este martes arranca el debate en el Congreso de los Diputados con pocas esperanzas ya en Extremadura de que se pueda revertir el calendario de cierre nuclear, pero con mucha expectación. Con la votación se sabrá a ciencia cierta dónde está cada partido en lo que se ha convertido en una guerra por el futuro de Extremadura.