Un centenar de jueces denuncia presiones de los abogados de Juana Rivas
Firman desde los juzgado de la Mujer un escrito de «repulsa» contra el despacho que dirige Carlos Aránguez por «someter al escrutinio público» y llevar decisiones judiciales «a tertulias y redes» , además de «desprestigiar» a una magistrada de Granada
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Hasta 107 titulares de juzgados de Violencia sobre la Mujer de toda España han suscrito un escrito de repulsa denunciando las presiones que ejerce el equipo de abogados de Juana Rivas, la madre de Maracena que protagonizó en 2016 un caso de sustracción internacional de menores, al evitar entregar a sus hijos al padre, el italiano Francesco Arcuri, del que estaba separado. Los magistrados hacen referencia a un escrito del letrado de Rivas, Carlos Aránguez, en el que critica y pone en duda la profesionalidad de la titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer 2 de Granada, que este viernes ha rechazado la inhibición del Juzgado competente del caso al que recurrió Rivas para impedir que su hijo menor regrese con su padre a tenor de un proceso abierto en Italia sobre maltrato doméstico, descartando por tanto la existencia de violencia vicaria.
El escrito del letrado difundido a los medios que ha generado la respuesta judicial comienza: «Quédense con este nombre: Aurora Angulo. Es la jueza del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 2 de Granada. Archivó en un cajón la denuncia que cursó Juana Rivas nada más llegar a España, huyendo de su maltratador, en fecha 12 de julio de 2016. En concreto, dictó el Auto de fecha 20 de julio de 2016, por el cual se acordaba el archivo de las actuaciones. De esta forma se incumplía flagrantemente el artículo 17 del Estatuto de la Víctima, según el cual debía haber ordenado la traducción de dicha denuncia, y la tendría que haber remitido a Italia. No lo hizo hasta más de un año después». El abogado Carlos Aránguez distribuyó el escrito este viernes como nota de prensa antes de las ocho de la mañana.
Los 107 jueces de Violencia contra la Mujer sostiene que: «En dicha nota se hacen apreciaciones sobre las decisiones judiciales adoptadas por la compañera en relación a su clienta, que se califican de erróneas, tanto en relación a lo sucedido en el año 2017, que a juicio de dicho despacho, motivó las 'nefastas consecuencias por todos conocidas', referidas al procedimiento de sustracción internacional de menores, como la adoptada el 9 de enero de 2025, inadmitiendo a trámite la solicitud por ya estar resuelta dicha petición en otra resolución frente a la que se ha formulado recurso, y rechazando la competencia objetiva para conocer de las actuaciones inhibidas por el Juzgado de Instrucción número 4 Granada»., han replicado los jueces.
En otra nota remitida a los medios, los jueces cuestionan a Aránguez por afirmar que «es un hecho gravísimo que una magistrada especializada en violencia de género no comprenda lo que es la violencia vicaria, que consiste en dañar o controlar a los hijos para hacer sufrir a la madre».
«Ataque personalizado»
En la carta, firmada por los 107 juezas y jueces, éstos muestran su «rechazo» por lo que consideran «un ataque personalizado a la compañera, que excede con mucho de un pretendido ejercicio del derecho de defensa de la señora Rivas, y de un derecho a la crítica a las resoluciones judiciales, y con el que, como ya sucediera en el año 2017, parece pretenderse iniciar una campaña mediática dirigida a estigmatizar cualquier decisión judicial que pueda resultar contraria a los intereses de la señora Rivas».
Han advertido también de que, ahora, Aránguez «se dirige ya de manera frontal y directa» contra la magistrada, a la que se refiere varias veces a lo largo del texto. En ese sentido, han dejado claro que «con este tipo de acciones no sólo se busca el desprestigio directo de la compañera contra la que se dirige el ataque, sino en general, contra todos los que titulares de Juzgados de Violencia sobre la Mujer, respecto de quienes se pretende generar la duda acerca de su capacidad y cualificación profesional».
Los jueces se han quejado también de que el abogado pretenda «someter al escrutinio público cuestiones estrictamente jurídicas que pasan a ser debatidas en tertulias televisivas, radiofónicas, redes sociales, con opiniones de toda índole, y que muchas veces rozan la frivolidad, olvidando la importancia de las cuestiones que en definitiva se debaten, cuales son la lucha contra la violencia de género y la protección de los menores».
«Como titulares de unos órganos en los que a diario nos enfrentamos a la toma de decisiones de enorme trascendencia, tanto para la protección de las mujeres como de sus hijos, con una implicación que muchas veces sobrepasa lo estrictamente profesional, queremos mostrar nuestra preocupación y rechazo por este tipo de campañas mediáticas, cuando las mismas, además, se originan desde un despacho profesional de abogados, por el efecto disuasorio que ello puede suponer para muchas mujeres en orden a la confianza en el sistema y la interposición de la denuncia», han argumentado.
Enfatizan asimismo que, al «desprestigiar a una compañera por su actuación en un caso concreto que es objeto de una enorme atención mediática», se desprestigia en definitiva «a todo el sistema judicial» y se olvida que éste es «pieza necesaria y fundamental para que todas las actuaciones dirigidas a la concienciación en la lucha contra la violencia de genero lleguen a buen fin». En conclusión, los jueces han reiterado su «más enérgica repulsa» hacia la actuación del despacho de abogados Aránguez y han expresado su «apoyo explícito» a la magistrada Aurora María Angulo González de Lara.
El Gobierno apoya a Rivas
Este mismo viernes y en este contexto, el Ministerio de Igualdad ha mostrado su apoyo a Juana Rivas mediante un comunicado en el que señala que «Desde el respeto a la independencia del Poder Judicial y los procedimientos judiciales, el Ministerio recuerda que tanto la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Convenio de Estambul recogen la obligación del Estado Español de proteger y amparar al menor y actuar con la diligencia debida.
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