Cantabria y Rioja, las autonomías mejor financiadas; Valencia, la peor
País Vasco y Navarra, con su propio régimen foral, son las más beneficiadas

Las balanzas fiscales de las comunidades autónomas continúan estando en el centro del debate político. Ayer fue el turno de Ángel de la Fuente, economista e investigador del CSIC, uno de los tres académicos que diseñan la metodología para elaborar las cuentas territorializadas, que se harán públicas antes de que acabe el mes de marzo.
De la Fuente considera que, desde el punto de vista técnico, el actual sistema de financiación regional es «injusto porque en el régimen común hay una diferencia de hasta 30 puntos de nivel de financiación entre las comunidades mejor financiadas, que serían Cantabria y La Rioja, con 120 puntos siendo la media 100 y Valencia, que estaría en un nivel 92». Esta diferencia, según el académico, «se elevaría hasta los 110 puntos si se incluyera a País Vasco y Navarra, lo que demuestra la inequidad del sistema en su conjunto».
Cataluña, pese al «tsunami» de reivindicaciones en materia de financiación y a la opinión extendida entre algunos catalanes de que el Estado expolia a esa comunidad, está financiada en línea con la media autonómica, según datos de 2011 sobre el ratio de financiación por habitante ajustado.
De la Fuente ultima la elaboración de las cuentas públicas territorializas, que reflejará los ingresos y gastos de cada comunidad autónoma, y que van un paso más allá de las popularmente conocidas como balanzas fiscales ya que detalla el origen de cada ingreso y la naturaleza de cada gasto. Estas cuentas servirán de base para la reforma del sistema de financiación autonómico, la siguiente gran reforma que tiene que acometer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras la del sistema tributario.
La polémica del criterio
En cuanto a los criterios que deberían guiar el nuevo sistema de financiación autonómica, De la Fuente es firme defensor de que se haga una reparto por habitante ajustado, es decir, que además del factor puramente numérico de ciudadanos se tengan en cuenta aspectos como la edad de la población o la dispersión geográfica, entre otros.
Se trataría en definitiva de que todos los ciudadanos españoles tuvieran acceso a unos servicios mínimos garantizados en materia de educación, sanidad y servicios sociales. Y en aquellos casos que una comunidad quiera dar a sus ciudadanos servicios extras, ésta tendrá que poner impuestos también extras para costearlos.
En todo caso, este experto recordó que es el Gobierno quien debe decidir los criterios de reparto de los fondos para las regiones porque la otra opción, la posibilidad de acuerdo entre Gobierno y comunidades autónomas, es «muy complejo ya que se da la circuntancia de que hay algunas comunidades, normalmente las que tienen menos recursos, que ni siquiera tienen expertos fiscales capaces de analizar la información disponible en esta materia».
Sobre la metodología, Ángel de la Fuente apuesta por la fórmula de carga-beneficio, lo que supone que se tiene en cuenta quién se beneficia del gasto, en lugar del sistema de flujo monetario que es menos preciso. De la Fuente considera, en todo caso, que el tema de las balanzas fiscales no es determinante a la hora de diseñar el nuevo esquema de financiación de las autonomías ya que «los ciudadanos tienen derecho a un mínimo de servicios públicos independientemente de que vivan en una región mejor o peor financiada.Pese a que las balanzas fiscales no deben usarse para la nueva financiación, De la Fuente ha resaltado la importancia de publicarlas para «aportar transparencia en este tema, porque los ciudadanos tienen a derecho a saber en qué se gasta el dinero. De hecho, el Gobierno debería publicar anualmente estas balanzas».
Balanzas mal hechas
En cuanto a la oleada de publicaciomes de balanzas fiscales realizada por varias comunidades autónomas, entre las que están la Comunidad de Madrid, Cataluña y Extremadura, entre otras, De la Fuente considera que son libres de hacerlo pero «en general tengo que decir que están mal hechas por la vía del gasto y hay algunas que elaboran el ratio per cápita y otras no, en función de lo que más les interesa, con lo que no se pueden comparar entre sí. Además hay otras que suman entre los ingresos el FLA o el plan de proveedores y no es correcto porque son solo préstamos y no transferencias.
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